Venezuela a un año de las lecciones: ¿continuidad, transición o colapso?

A un año de las elecciones presidenciales de 2024 y tras las regionales sin garantías en 2025, el país vive una emergencia humanitaria y un entorno hostil para el sector privado, con riesgos derivados de la inestabilidad política, las sanciones internacionales y los vínculos del régimen con el crimen organizado.

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Un poco de contexto

A un año de las elecciones presidenciales de julio de 2024, Venezuela enfrenta una crisis política, social y humanitaria profunda que continúa impactando a la región. Nicolás Maduro ha consolidado su poder mediante un control autoritario reforzado, fraude electoral y represión sistemática, contando con un respaldo firme de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Aunque la oposición logró una victoria clara y documentada, el régimen manipuló los resultados oficiales y respondió con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y censura, evidenciando un deterioro extremo de la legitimidad estatal.

Las elecciones regionales y municipales de 2025, carentes de transparencia, perpetúan el dominio chavista, mientras se prepara una reforma constitucional que profundizará la concentración de poder en el Ejecutivo. La crisis humanitaria persiste, con millones sin acceso adecuado a alimentos, atención médica y agua potable, agravada por la reducción de ayuda internacional y la criminalización de informadores independientes.

El gobierno ha consolidado un aparato de persecución política que roza el terrorismo de Estado (CIDH citado por WOLA), y sigue instrumentalizando los procesos electorales para mantener el control, ignorando mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales, lo que genera un ambiente de incertidumbre y riesgo constante para el sector privado y la sociedad civil.

Este contexto implica riesgos para las operaciones empresariales en la región, incluyendo vulnerabilidades en estabilidad política y militar, presión social por migración masiva, fraudes electorales y sanciones internacionales vinculadas al Cártel de los Soles, organización criminal asociada a altos mandos militares y al propio Nicolás Maduro, que puede afectar cadenas de suministro y relaciones comerciales.

"El gobierno venezolano ha seguido instrumentalizando los procesos electorales para consolidar su poder, aplicando estrategias para dividir a la oposición, imponiendo resultados imposibles de verificar e ignorando incluso los mandatos constitucionales y las recomendaciones internacionales." (WOLA;2025)

Consolidación del poder Chavista

Tras el proceso electoral presidencial del 28 de julio de 2024 (que la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional consideran fraudulento), el régimen de Nicolás Maduro ha logrado consolidar un control casi total sobre las instituciones del Estado, el aparato represivo y el relato oficial. Pese a que Edmundo González Urrutia, candidato unitario de la Plataforma Unitaria, presentó actas que evidencian una victoria con hasta el 70 % de los votos, el chavismo fabricó resultados oficiales que le otorgaron un 52 % de respaldo, en un entorno de censura, intimidación y manipulación técnica. Esta opacidad ha sido señalada por organismos internacionales como un incumplimiento legal grave. Las elecciones parciales celebradas desde 2024 han ocurrido sin participación opositora relevante, sin observación independiente y con niveles récord de abstención, dejando al chavismo el control total de instancias locales y reforzando su dominio institucional.

La FANB es uno de los pilares más sólidos del poder chavista. Su rol trasciende lo militar: administra recursos estratégicos, controla puertos y fronteras, y funge como actor central en la seguridad interna y en la represión política. Sectores de la FANB han sido señalados como cómplices del fraude electoral, mientras su cúpula permanece cohesionada en torno al régimen debido a intereses económicos y de impunidad.

Oposición resiliente, pero fracturada

La candidatura de González Urrutia permitió la unificación temporal de sectores dispersos, una campaña masiva con recursos limitados y el levantamiento de evidencia documental del fraude, fortaleciendo la presión diplomática y el reconocimiento internacional. María Corina Machado se ha mantenido como figura central del liderazgo opositor con apoyo popular a sus propuestas de largo plazo que apuntan a la liberalización económica, la reactivación de sectores estratégicos y la reinstitucionalización del Estado.

Aun así, la oposición enfrenta fragmentación, exilio, clandestinidad y otros dilemas: mientras algunos grupos llaman al boicot, otros intentan mantener canales abiertos con actores internacionales, apostando a una transición negociada. González Urrutia ha llamado a respetar el "mandato constitucional", más no se ha observado algún cambio significativo. Machado ha logrado abrir discretos canales con sectores militares durante su campaña, lo que podría ser clave para una eventual transición.

Factores de riesgo

Represión como instrumento de control político

El gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la represión estatal bajo una estructura de control autoritario. La llamada “Operación Tun Tún” ha dejado un saldo de presos políticos en condiciones carcelarias inhumanas, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos; muchos dirigidos a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y manifestantes en zonas populares. Estos crímenes se han ejecutado sin garantías judiciales ni acceso a la defensa, y bajo cargos difusos como “incitación al odio” o “terrorismo”. La Comisión Internacional de Justicia ha señalado un uso sistemático del recurso de la prisión preventiva y de medidas cautelares como instrumento de persecución política. Aunque se han producido liberaciones esporádicas (como el reciente canje con EE.UU. de presos estadounidenses y migrantes venezolanos detenidos en El Salvador), los analistas coinciden en que existe un patrón de “puerta giratoria”: se liberan algunos detenidos para descomprimir la presión internacional, pero se encarcelan nuevos opositores para sostener el miedo como mecanismo de control.

Censura y exilio

El Estado venezolano ha sofocado la libertad de prensa mediante bloqueos digitales, detenciones de periodistas, cierre de medios independientes y acoso judicial. Según datos recientes, Venezuela concentra el mayor número de periodistas exiliados en América Latina (al menos 477, según un informe sobre el exilio periodístico). Esta censura limita el acceso de a población a

información verificada, reforzando el monopolio mediático del Estado y contribuyendo a una atmósfera de desinformación sostenida. La represión informativa también ha forzado a muchos periodistas a huir por rutas irregulares, enfrentando riesgos adicionales y precariedad en el exilio.

Migración masiva

La crisis humanitaria, el colapso económico y la persecución política han empujado a casi 8 millones de venezolanos a migrar desde 2015, convirtiendo esta diáspora en la segunda más grande del mundo después de Siria. Este año, el endurecimiento de políticas migratorias en países receptores como México, Panamá y Costa Rica ha provocado un retorno de migrantes, lo que genera presión adicional sobre ciudades venezolanas con infraestructura precaria y sobre países receptores con sistemas públicos sobrecargados. La ruta del Darién, por ejemplo, ha caído de más de 80.000 cruces mensuales en 2023 a apenas unas decenas en junio de 2025, reflejo de mayores controles fronterizos y políticas de deportación. Esta dinámica de flujos migratorios “circulares” amenaza con crear tensiones sociales, presión sobre el empleo informal y desafíos logísticos en zonas urbanas donde empresas con operaciones regionales podrían enfrentar impactos indirectos por saturación de servicios, inseguridad o conflictividad social.

Consolidación criminal

El régimen de Maduro ha consolidado una estructura de poder que fusiona al Estado con redes criminales. La alianza con la “boliburguesía”, empresarios y actores del narcotráfico sostiene

una economía informal y paralela que mantiene circulando capitales, estabiliza mínimamente el sistema y permite una gobernabilidad sin legitimidad democrática. En este contexto, el llamado Cártel de los Soles, presuntamente dirigido por altos mandos de la FANB y vinculado directamente con Maduro, fue recientemente designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de EE.UU., junto con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Esta designación pone en riesgo potencial a entidades financieras, proveedores o empresas que directa o indirectamente mantengan operaciones con figuras conectadas a estas redes, resaltando riesgos regulatorios y reputacionales y en el sector privado internacional.

Control territorial de economías ilegales

Las elecciones del 27 de julio de 2025 fueron utilizadas por el régimen para reforzar su dominio sobre territorios estratégicos. El chavismo ganó 285 de 335 alcaldías, muchas en zonas fronterizas o de alta incidencia criminal, como Zulia, Apure y Bolívar. Esta victoria electoral se logró en medio de una abstención masiva (oficialmente 44%) y un boicot opositor, facilitando el avance del PSUV en áreas clave para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Además, se registraron detenciones de alcaldes opositores y denuncias de vínculos entre funcionarios locales y grupos criminales armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, una guerrilla insurgente). Esto refuerza el “Estado híbrido” venezolano, donde el control territorial se utiliza para sostener redes ilícitas que financian la permanencia del régimen.

Implicaciones para negocios en América Latina

Migración, criminalidad y energía

La profundización de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela sigue teniendo efectos indirectos significativos en América Latina. Estos impactos no solo están ligados al éxodo migratorio, sino también a la expansión del crimen organizado transnacional, presiones logísticas, cambios regulatorios y una mayor percepción de riesgo que afecta directamente a empresas con presencia regional.

Impacto indirecto	Descripción	Riesgos en LATAM
Crimen	Expansión de redes criminales como Tren de Aragua y Cartel de los Soles.	Extorsión, contrabando, violencia, disrupciones a la cadena de suministro en zonas de alto riesgo
Operaciones	Entorno sancionatorio y polarización política	Aumento de primas de seguros; dificultad para acceder a financiamiento
Talento/fuerza laboral	Movilidad forzada y restricciones migratorias	Fuga de talento venezolano; restricciones a movilidad de expatriados
Energía e inversiones	Reactivación parcial de operaciones petroleras bajo sanciones internacionales	Inseguridad jurídica; exposición reputacional; regulatoria; decisiones políticas cambiantes

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Venezuela enfrenta tres posibles trayectorias en el corto y mediano plazo: la continuidad del autoritarismo con relativa estabilidad; una transición política negociada con riesgos inmediatos; o un colapso institucional que derive en una crisis humanitaria profunda.

Cada escenario depende de la dinámica interna entre régimen y oposición, el rol de la FAN, y la presión internacional. El futuro del país está estrechamente vinculado a la capacidad de la comunidad internacional de mantener una estrategia coherente, sostenida y contundente en defensa de la democracia y los derechos humanos, incluyendo sanciones alineadas, reconocimiento diplomático a líderes legítimos y apoyo a la diáspora.

La migración masiva está saturando la infraestructura pública y afectando la logística en países vecinos. Al mismo tiempo, la expansión del crimen organizado (especialmente el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles) representa una amenaza creciente a la seguridad operativa y reputacional de empresas con presencia regional.

En el frente energético, aunque algunas compañías internacionales exploran una reactivación limitada de operaciones en Venezuela, el entorno sigue condicionado por incertidumbre jurídica y vínculos con actores sancionados, elevando los riesgos regulatorios y de cumplimiento.

Ante este panorama, la comunidad internacional debe sostener una estrategia coherente y firme en defensa de la democracia y los derechos humanos, mientras que el sector privado debe monitorear estrechamente la evolución del entorno político-criminal venezolano, anticipando impactos logísticos, financieros y de gobernanza en toda la región.