Tren de Aragua | Mitos, fragmentación, riesgos
- Florencia Mercado
- 18 sept 2025
- 10 min de lectura
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina, como organización terrorista extranjera. Para EE.UU., el grupo es presentado como una amenaza hemisférica vinculada al gobierno de Maduro, justificando medidas sin precedentes... pero la evidencia muestra a un TdA fragmentado, sin un liderazgo centralizado ni una estrategia transnacional concertada.
Un poco de contexto
Venezuela es un país clave de tránsito para los envíos de drogas que salen hacia EE.UU. y Europa. Históricamente, grupos extranjeros, principalmente colombianos, han controlado el comercio de drogas en Venezuela, atraídos por la debilidad del Estado y la corrupción. Organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua (en adelante, TdA) emergieron como amenazas transnacionales reales. Con experiencia en transporte y logística de drogas, algunas organizaciones venezolanas han pasado de solo facilitar el tránsito de narcóticos a comprarlas, almacenarlas y traficar por sí mismas.
En años recientes, surgieron las llamadas “megabandas”, grupos criminales nacidos del sistema penitenciario sobrepoblado y autogobernado de Venezuela. Estas bandas dominan grandes extensiones del territorio y participan en actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal de oro.
Muchas de estas megabandas se originaron dentro de cárceles controladas por "pranes", jefes criminales que administran mercados negros internos y coordinan actividades ilícitas fuera de prisión, como secuestros y microtráfico. La estructura jerárquica de los pranes y su capacidad para operar dentro y fuera de las cárceles ha facilitado la expansión de estas bandas a nivel regional.
El reciente ataque aéreo de EE.UU. contra supuestas embarcaciones vinculadas al TdA en el Caribe sur volvió a centrar la atención internacional sobre este grupo. La administración Trump afirmó que se trataba de un golpe contra la organización criminal, pero la evidencia sobre la participación del TdA en tráfico internacional de drogas es limitada. Investigaciones de diversos medios sugieren que es improbable que los ocupantes pertenezcan al grupo, ya que históricamente la banda no ha operado como traficante internacional de drogas. Este tipo de acciones probablemente no detendrán el flujo de drogas, pero sí podrían provocar cambios en las rutas utilizadas por los narcotraficantes.
TdA ha demostrado capacidad de operar en economías informales, zonas fronterizas, mercados ilícitos y sectores vulnerables, lo que lo convierte en un actor clave a monitorear en el ámbito de seguridad regional.
Historia, origen, evolución
TdA es actualmente el grupo criminal venezolano más poderoso y el único con proyección regional reconocida. Surgió en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien transformó el penal en una verdadera fortaleza criminal con lujos insólitos como zoológico, discoteca, piscina y restaurantes.
La banda se benefició de una política no oficial del Estado venezolano que cedió el control de las cárceles a los líderes criminales bajo el sistema de pranato (“preso rematado, asesino nato”). Se administraron así mercados negros dentro del penal y se coordinaron actividades ilícitas que trascendieron los muros del penal, estableciendo células primero en otros estados de Venezuela y, posteriormente, en países vecinos.
Tocorón no era solo una prisión: funcionaba como centro logístico, con un sistema estricto de reclutamiento y entrenamiento y una línea de lugartenientes que supervisaban operaciones regionales. Su portafolio incluía extorsión, secuestro y otros delitos, e internos debían pagar un impuesto llamado “la causa”, que generaba millones de dólares al año.
Su evolución y expansión de dió aprovechando el éxodo de 2015 de hasta 8 millones de venezolanos que migraron buscando oportunidades en el extranjero. Algunos de estos migrantes fueron acompañados y explotados por criminales vinculados al TdA, impulsando su carácter transnacional.
La toma de Tocorón
El régimen venezolano entregó de facto el control de Tocorón al TdA, ofreciéndoles protección política a través de aliados en distintos poderes del Estado. Sin embargo, tras un distanciamiento con la administración central, el 20 de septiembre de 2023, el Estado desplegó 11,000 efectivos para retomar el control de la prisión, marcando el fin de la era carcelaria del TdA.
La pérdida de Tocorón tuvo varias consecuencias para el grupo, incluyendo la pérdida de un refugio seguro y el debilitamiento de sus conexiones con actores estatales. Esto se tradujo en una reducción de los ingresos provenientes de la extorsión carcelaria y en la fragmentación del grupo, con una pérdida de cohesión y una mayor autonomía de las células regionales. Como resultado, la organización se reconfiguró hacia estructuras descentralizadas o semi-autónomas, al tiempo que puso un énfasis creciente en operaciones internacionales y en el fortalecimiento de su presencia en prisiones extranjeras, especialmente en Colombia.
Nuevo santuario en Las Claritas
Algunos miembros del TdA se reubicaron en Las Claritas, un poblado de minería ilegal en el sur de Bolívar, donde Johan Petrika, amigo cercano de Niño Guerrero y cofundador del grupo, estableció un sindicato para coordinar a los miembros que escaparon. A diferencia de Tocorón, Las Claritas: opera como sindicato minero, no como banda o megabanda; depende de la supervisión militar y gubernamental para el comercio de oro, limitando su autonomía; tiene un reclutamiento más débil, sin un reservorio de criminales curtidos; y está en un lugar aislado, lo que dificulta comunicaciones y movilidad. Aunque Las Claritas proporciona ingresos y cierta protección, TdA no ha logrado mantener la estructura jerárquica y transnacional que tenía en Tocorón.
Estructura organizacional
Liderazgo y estructura de poder
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, es el líder absoluto del TdA. Inició su carrera criminal en Aragua a principios de los 2000 y fue capturado en 2010 por múltiples asesinatos, ingresando a la prisión de Tocorón. Tras escapar en 2012 y ser recapturado, transformó Tocorón en su cuartel general. Niño Guerrero no fue capturado el operativo de septiembre de 2023 y sigue prófugo; su control se ha debilitado y la organización se ha descentralizado.
Otros líderes destacados:
Larry Amaury Álvarez (“Larry Changa”). Dirigente de la célula en Chile; arrestado en Colombia en 2024.
Johan José Guerrero (“Johan Petrica”). Vinculado a minería ilegal en Bolívar; posible refugio del líder prófugo.
Modus Operandi de TdA
Portafolio criminal |
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Financiamiento ilícito | *Actividades varían por país y control territorial. Uso de remesadoras informales, testaferros y empresas legales para lavado de dinero; evidencia respaldada por casos judiciales y reportes locales. |
Violencia y victimología | Patrones de tortura y exhibición de crueldad. víctimas principales son migrantes, mujeres y comerciantes informales; impactos en homicidios y seguridad urbana. |
TTPs (Tácticas, Técnicas y Procedimientos) | Planificación y ejecución precisa de delitos; coordinación de células autónomas o semi-autónomas; adaptación constante a presión de fuerzas de seguridad y contexto geográfico y/o migratorio; mantiene operaciones pese a pérdida de Tocorón. |
Huella geográfica
La reubicación del grupo tras la pérdida de Tocorón ha limitado su autonomía y capacidad de reclutamiento, además de aislarlos de centros urbanos clave. Aunque ha dominado titulares recientemente, no es la única banda venezolana con alcance regional. Otras organizaciones criminales, como el Cartel de los Soles, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y colectivos criminalizados surgidos de movimientos ideológicos, también operan en el país y han expandido su influencia más allá de las fronteras venezolanas.
Desde 2018, el TdA siguió los flujos migratorios de venezolanos hacia otros países, estableciendo células regionales.
En Colombia, el TdA se enfrentó a un panorama criminal saturado con guerrillas, paramilitares y organizaciones de tráfico, aunque logró establecer presencia persistente.
En Perú, el grupo fue declarado enemigo público número uno en 2024 debido a su extrema violencia, con tácticas como desmembramientos y videos de tortura, que incluso inspiraron imitadores locales.
En Chile, la banda operó a través de franquicias criminales, con células que emplearon desplazamiento forzado, casas de tortura y explotación sexual, al tiempo que innovaban en lavado de dinero mediante empresas fachada y criptomonedas.
Desde julio de 2024, el TdA se ha asentado en la Ciudad de México, en alianza con la banda local Unión Tepito. Esta relación fortaleció su capacidad operativa para disputar el control de territorios clave en al menos tres alcaldías, intensificando la violencia ligada a la venta de drogas, trata de personas y feminicidios.
En EE.UU., el TdA ha sido vinculado a robos, extorsiones, secuestros y tráfico sexual, especialmente en estados como Colorado, Nueva York, Florida y Texas.
Atomización del grupo criminal
Los recientes señalamientos por parte de EE.UU. han elevado el perfil del TdA más que cualquier otra cosa, y la retórica combativa ha contribuido a ciertos malentendidos sobre cómo opera la banda. Si se analiza la estructura organizativa de la banda antes y después de la toma de Tocorón, observamos que incluso si la marca TdA se está fortaleciendo en los medios y en las agendas políticas de la región, la realidad es que
el grupo se está debilitando.
Aunque los arrestos de líderes no han llevado necesariamente a la desarticulación o desmantelamiento de las células, los nuevos líderes identificados que han surgido o no tienen una relación personal con los fundadores o bien no pasaron tiempo en la prisión. Es decir, la marca crece, pero no todos los que usan el nombre pertenecen a la estructura original que nació en la prisión de Tocorón.
EE.UU. y Venezuela
Tensiones y entorno sancionatorio
En 2025, un tribunal federal de apelaciones en EE.UU. determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, de tiempos de guerra, no puede aplicarse para acelerar deportaciones de personas vinculadas al TdA en tiempos de paz. Esta decisión bloqueó deportaciones en Texas, Louisiana y Mississippi, aunque puede ser apelada ante la Corte Suprema. Durante la administración Trump, la ley fue utilizada para deportar a migrantes venezolanos supuestamente relacionados con el grupo, la mayoría sin antecedentes penales e incluso hacia prisiones de alta seguridad en El Salvador, la cual cuenta con denuncias de maltrato físico, privación de alimentos y detenciones prolongadas. Las autoridades estadounidenses empleaban criterios subjetivos como tatuajes, vestimenta y asociaciones sociales, generando detenciones masivas y controversias por falta de pruebas, como ocurrió en la operación “Aurora” en Denver. Esto ha generado generando críticas por detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.
Paralelamente, la administración estadounidense combinó sanciones, presión política y despliegue militar para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Se ofrecieron recompensas por su captura (50 millones de dólares), se lo calificó como narcotraficante y amenaza a la seguridad nacional, y se movilizaron al menos ocho barcos de guerra y 2,000 marines hacia el Caribe, junto con operaciones militares limitadas contra barcos sospechosos de narcotráfico. Estas acciones, promovidas por figuras como Marco Rubio, han generado divisiones internas entre posturas de línea dura y enfoques más conciliadores dentro del gobierno de EE.UU. y han generado riesgos humanitarios para migrantes venezolanos y posibles dificultades en la
cooperación internacional.
TdA fue declarada organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT), con sanciones del Departamento del Tesoro. Sin embargo, evaluaciones de inteligencia señalan que el TdA funciona como una “marca” distribuida en múltiples subgrupos con células autónomas, sin estructura centralizada y que no todos los migrantes deportados son miembros activos. Acciones legales, incluyendo la Ley RICO y operaciones como “Take Back America”, buscan desarticular células locales, pero reconocen la limitada cohesión del grupo. Simultáneamente, operativos en Bogotá y Perú desarticularon redes del TdA vinculadas a tráfico de drogas, homicidios y sicariato.
Estas acciones han contribuido a la estigmatización de la comunidad venezolana en EE. UU. y generado tensiones políticas internas y regionales, incluyendo debates sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, afectando la integración de miles de migrantes.
Venezuela ha respondido negando vínculos con narcotráfico y el Cartel de los Soles, calificando los ataques estadounidenses como provocaciones y pretextos para un cambio de régimen. El gobierno ha reforzado la presencia militar en costas y fronteras, movilizando 25,000 soldados y parcialmente a la milicia civil, aunque con resultados limitados.
En el marco militar, como mencionamos, EE.UU. en estas semanas ha atacado barcos en el Caribe presuntamente vinculados al tráfico de drogas asociado con Maduro y TdA, causando varias muertes. Aunque los ataques se justifican como parte de la guerra antidrogas, han generado cuestionamientos sobre su legalidad internacional y posibles ejecuciones extrajudiciales. La situación refleja un cruce complejo entre medidas de seguridad nacional, política migratoria y presión geopolítica, con consecuencias humanitarias, legales y políticas significativas en la región.
Riesgos del caso TDA
Gestión empresarial en entornos de criminalidad transnacional
El caso del TdA y su designación como OTE platea riesgos significativos en un contexto regional complejo. América Latina se encuentra dividida: mientras países aliados de EE.UU. respaldan medidas militares y anti-narcóticos, gobiernos como los de Brasil, México y Colombia insisten en priorizar soberanía y diálogo.
Aunque hoy una intervención militar directa en Venezuela se considera poco probable, sí existen riesgos de ataques limitados de EE.UU. y de una escalada que afecte a países vecinos, con consecuencias políticas y económicas de alcance regional.
Para el sector empresarial, el reconocimiento del TdA como grupo terrorista incrementa los riesgos operativos, legales y reputacionales. Las empresas que operan en zonas de influencia enfrentan amenazas de violencia, extorsión y robo, así como riesgos elevados para empleados locales y expatriados, lo que hace necesaria la implementación de protocolos anti-extorsión, canales de denuncia y controles sobre terceros.
A nivel macro, la designación puede deteriorar la percepción de riesgo-país, desalentar inversión extranjera y motivar ajustes en políticas públicas, como mayores controles regulatorios y fiscales que impacten costos y logística.
El cumplimiento normativo también se vuelve más exigente, ya que cualquier vínculo, incluso involuntario, con el TdA podría derivar en sanciones. La reputación corporativa corre riesgos adicionales en zonas donde la presencia criminal es fuerte, generando presión de inversionistas y stakeholders que demandarán transparencia y estrategias claras de mitigación.
El caso del TdA ilustra cómo las narrativas políticas y mediáticas pueden distorsionar la comprensión de un fenómeno criminal complejo. Para EE.UU., el grupo es presentado como una amenaza hemisférica vinculada al gobierno de Maduro, justificando medidas sin precedentes: designación como organización terrorista, detenciones y deportaciones agresivas. Sin embargo, la evidencia muestra a un TdA fragmentado tras la caída de Tocorón, sin un liderazgo centralizado ni control político directo desde Caracas, y con operaciones más marcadas por dinámicas locales que por una estrategia transnacional concertada.
Aun debilitado, el TdA sigue siendo el actor criminal venezolano con mayor proyección internacional gracias a su expansión regional y explotación de flujos migratorios. No obstante, enfrenta un punto de inflexión: la fragmentación interna, la competencia con otros grupos y la presión de las fuerzas de seguridad ponen en duda su capacidad de consolidarse como red transnacional de narcotráfico.
Para el sector empresarial, la designación del TdA como OTE introduce riesgos adicionales en seguridad operativa, cumplimiento normativo y reputación corporativa. Esta decisión trasciende el ámbito judicial y de seguridad, generando implicaciones directas para empresas internacionales, especialmente aquellas con presencia o relaciones comerciales en la región latinoamericana. Ignorar este contexto puede traducirse mayores costos regulatorios, afectaciones a la percepción de riesgo-país y exigencias más estrictas de due diligence.
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