Ecuador entre protestas, paro nacional y militarización

Entre el 15 y el 25 de septiembre de 2025, Ecuador ha vivido una nueva ola de tensiones políticas y sociales a raíz de medidas económicas y decisiones institucionales del presidente Daniel Noboa. El detonante fue la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde 1974, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón,

un incremento de más del 56%.

Según el Gobierno, la medida busca liberar 1.100 millones de dólares anuales para redirigirlos a programas sociales, créditos productivos y compensaciones al transporte público. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que el impacto directo es el encarecimiento del transporte, la producción y los alimentos, afectando la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

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El Paro Nacional y las movilizaciones

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), acompañada por la Fenocin y el Frente Unitario de Trabajadores, convocó un paro nacional inmediato e indefinido desde el 18 de septiembre. En sus resoluciones exigieron la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio y la reducción del IVA del 15% al 12%.

Las protestas se han concentrado principalmente en la Sierra y la Amazonía, con bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos. En la provincia de Imbabura, especialmente en Otavalo, manifestantes atacaron e incendiaron un cuartel policial, dejando dos policías heridos y graves daños. La Fiscalía procesó a 12 personas por terrorismo, mientras el Gobierno acusó a grupos delincuenciales como el venezolano Tren de Aragua de infiltrarse en las movilizaciones.

En otras zonas, como Cotopaxi, Pastaza, Cayambe y Cutuglagua, se reportaron cierres intermitentes de vías, quema de llantas y enfrentamientos con la policía. La CONAIE prohibió el ingreso de fuerzas públicas a territorios indígenas, que representan entre el 8% y el 25% de la población nacional.

Hasta el 25 de septiembre, el saldo incluye 85 detenidos (entre ellos menores de edad y extranjeros), acusaciones de terrorismo y denuncias de violaciones a derechos humanos en los operativos. Comercios, mercados y transportistas reportan pérdidas económicas por la paralización, con escasez de alimentos y combustibles en ciudades como Ibarra y Otavalo.

La respuesta del Gobierno

El presidente Noboa decretó estado de excepción en ocho provincias y toque de queda nocturno en cinco de ellas. También ordenó la inmovilización de cuentas bancarias de dirigentes sociales e indígenas para “cortar el financiamiento de la protesta”. En un discurso desde Cotopaxi, declaró: “Antes que me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”, reafirmando que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio.

El Gobierno ha insistido en que quienes atenten contra el orden serán procesados por terrorismo con penas de hasta 30 años de prisión. La ministra de Gobierno acusó al correísmo de aprovechar el descontento, mientras el Ejecutivo sostiene que las protestas están focalizadas y no tienen la magnitud de las de 2019 y 2022.

La CONAIE ha declarado que el paro se mantendrá “hasta las últimas consecuencias”, mientras el Gobierno insiste en que no revertirá el decreto. Con el recuerdo de los paros que derrocaron presidentes entre 1997 y 2005, así como de las masivas movilizaciones de 2019 y 2022, el desenlace dependerá de la capacidad de la CONAIE para sostener la protesta y de la habilidad del Gobierno para evitar una escalada hacia Quito y las principales ciudades.

Por ahora, el país se encuentra en un equilibrio frágil, con protestas focalizadas, acusaciones de terrorismo y un Ejecutivo que combina medidas autoritarias con promesas de reforma institucional.

Contexto político y constitucional

Las movilizaciones coinciden con un momento clave en la agenda institucional de Noboa. El presidente busca convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008, argumentando que el país necesita nuevas herramientas para enfrentar la crisis de seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.

La iniciativa, cuestionada por haberse presentado inicialmente sin aval de la Corte Constitucional, será evaluada en un referéndum programado para el 16 de noviembre de 2025, junto con otras preguntas aprobadas: permitir la presencia de bases militares extranjeras y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. La Corte Constitucional ha jugado un rol independiente, suspendiendo decretos y limitando el margen de acción de Noboa, lo que ha generado choques abiertos entre Ejecutivo y Judicial.

Ecuador en 2025

Entre criminalidad, pugna política y tensiones sociales

Conflictos violentos y fragmentados

Ecuador atraviesa una grave crisis criminal, marcada por la atomización de las organizaciones delictivas tras la captura, asesinato o extradición de sus líderes. La detención en España de “Negro Willy”, cabecilla de los Tiguerones, desató divisiones internas y refleja un fenómeno más amplio: el debilitamiento de jerarquías criminales ha dado paso a facciones pequeñas, violentas e impredecibles en zonas críticas como Guayas, Durán y Manta.

Para 2025 se estiman unas 9.100 muertes violentas, lo que mantendría a Ecuador como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina, cerca de 50 por cada 100 mil habitantes. En paralelo, facciones de Tiguerones, Chone Killers y Lobos buscan alianzas para consolidar control en torno al narcotráfico,

la minería ilegal y la extorsión. Los escenarios son inciertos: desde un repunte de violencia carcelaria y callejera, hasta una reducción parcial de homicidios si las alianzas criminales logran estabilizar un dominio.

En cualquier caso, los riesgos para líderes comunitarios y la posibilidad de desplazamientos forzados siguen en aumento. El desafío del Estado es romper este ciclo, combinando medidas de seguridad con soluciones estructurales.

La apuesta por una constituyente

En este contexto de inseguridad y protestas, el presidente Noboa ordenó trasladar la sede del Ejecutivo a Latacunga el 13 de septiembre de 2025, mientras que la Vicepresidencia opera desde Otavalo. Según el Gobierno, la medida busca “estar donde se requiere diálogo directo con la ciudadanía”, pero también responde a una estrategia preventiva para evitar que Quito se convierta en epicentro de movilizaciones.

Al mismo tiempo, Noboa impulsa una Asamblea Constituyente, pese a la resistencia de la Corte Constitucional, que ha insistido en que se respete el proceso. Anunció que incluirá una pregunta sobre este mecanismo en el

referéndum del 16 de noviembre. La Constituyente permitiría redactar una nueva Carta Magna bajo el argumento de “devolver el poder al pueblo” y superar lo que Noboa describe como “secuestro institucional”.

La iniciativa ocurre en un momento de fuerte confrontación política y de creciente movilización social encabezada por el movimiento indígena contra las reformas económicas.

El subsidio al diésel: una medida impopular

El detonante principal de las protestas ha sido la eliminación del subsidio al diésel. Entre 2010 y 2023, el Estado gastó más de 53.000 millones de dólares en subsidios a combustibles, el 43 % destinados al diésel. En 2023, el gasto en subsidios superó incluso al presupuesto en salud y triplicó los recursos para programas sociales como el Bono de Desarrollo Humano. Noboa defendió su decisión calificando el gasto de “insostenible e inequitativo” que fomentaba contrabando, minería ilegal y beneficios indebidos. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, lo que, según el Gobierno, permitirá liberar 1.100 millones anuales destinados a programas sociales y apoyo a PyMEs.

Analistas advierten impactos fiscales, sociales y ambientales: desde la pérdida de capacidad de inversión pública en áreas sensibles hasta la regresividad del subsidio, que históricamente ha beneficiado más a los sectores de mayores ingresos. Además, el alto contenido de azufre del diésel contribuye a la contaminación urbana, especialmente en ciudades como Quito.

La CONAIE sostiene que la medida encarecerá la canasta básica y afectará a la producción campesina y al transporte comunitario. Durante una asamblea en Riobamba, la organización convocó un paro nacional indefinido desde el 18 de septiembre. El Gobierno respondió ampliando el estado de excepción a ocho provincias, decretando toques de queda nocturnos.

Expertos económicos han cuestionado la magnitud del impacto. El exvicepresidente Alberto Dahik ilustró que el alza representaría apenas 10 centavos adicionales por quintal transportado entre Quito y Guayaquil. En contraste, otros especialistas señalan un efecto inflacionario indirecto por la transmisión de mayores costos al precio final de bienes como el arroz.

Protestas, minería y reacomodo político

Las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio coincidieron con otras expresiones sociales, como la Marcha por el Agua en Azuay, donde más de 90.000 personas exigieron detener el proyecto minero Loma Larga por su posible impacto en la reserva hídrica de Quimsacocha. La presión social llevó al Ministerio de Energía a suspender temporalmente la licencia ambiental, aunque Noboa se deslindó de la decisión y advirtió de un eventual arbitraje internacional. A diferencia de los paros masivos de 2019 y 2022, que obligaron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a retroceder en medidas similares, las movilizaciones de 2025 no han tenido la misma fuerza.

Noboa cuenta con un mayor respaldo ciudadano, una bancada legislativa sólida y legitimidad electoral reciente, lo que le permite sostener reformas sin enfrentar una presión equivalente. Además, el traslado del

Ejecutivo a Latacunga, las compensaciones económicas directas a sectores vulnerables y la

fragmentación del movimiento indígena han debilitado la capacidad de convocatoria.

No obstante, analistas advierten que el éxito del Gobierno podría ser frágil si no se abre un canal de

diálogo con los dirigentes indígenas. La indiferencia hacia sus demandas podría, a mediano plazo, escalar el conflicto y generar nuevos costos sociales y económicos.

Al mismo tiempo, organismos han denunciado la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco, por ejemplo, de la estrategia de seguridad militarizada del

gobierno, conocida como “Plan Fénix”. Esta estrategia se basa en un despliegue masivo de las fuerzas armadas, sucesivos estados de excepción y la declaración de un supuesto “conflicto armado interno”. Entre las prácticas señaladas se incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

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Ecuador enfrenta un escenario complejo marcado por tensiones sociales, medidas económicas impopulares y una reconfiguración política impulsada por la apuesta del presidente Noboa por una Constituyente.

Aunque el Gobierno ha logrado contener protestas que en otros momentos paralizaron el país, el equilibrio actual sigue siendo precario. La falta de diálogo con actores sociales, la persistencia de factores estructurales (criminalidad, desigualdad, dependencia fiscal del petróleo) y los impactos directos en sectores clave de la economía (agroindustria, transporte, comercio, minería y servicios financieros) podrían reactivar un ciclo de conflictividad.